
El artículo 47 de nuestra Constitución dice expresamente que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.”
Por su parte, la Carta Social Europea indica en el número 31 de la Parte I que “Toda persona tiene derecho a la vivienda”, amén de considerar en el número 4 de la misma Parte que “Todos los trabajadores tienen derecho a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso”, añadiendo en el artículo 31 que el gobierno debe comprometerse “a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente; a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; y a hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.”
En nuestro caso, hay un cierto consenso en afirmar que se precisan un millón de viviendas más para atender a la creciente población (más de tres millones en los últimos 15 años), y que buena parte de ellas deberían plasmarse en alquileres sociales, ya que, en España, tanto los partidos de izquierdas como los de derechas han ignorado durante bastantes años que se encontraban ante un problema estructural y en la actualidad las viviendas sociales en España apenas suponen un 2,9% del total, tal y como se puede ver en el siguiente cuadro:

Se puede observar que el precio del alquiler por m2, no el de propiedad que es bastante más barato, está en línea con el resto de Europa y la OCDE. Por tanto, el problema no es que la vivienda o el alquiler estén caros, sino que el salario medio, que no el SMI, es muy bajo en relación con los otros países; en suma, tenemos precios europeos, pero salarios africanos.
En el cuadro anterior, he procedido a elaborar dos índices de esfuerzo cuya metodología y datos podrán consultarse en el libro de Análisis Económico que espero que se publique en los próximos meses. En el capítulo relativo al Bienestar Social, se indican los datos para estos índices cuya síntesis se expresa en el cuadro siguiente:

Vemos que el esfuerzo para la adquisición o el alquiler de vivienda en España (8,91) es superior tanto a la media de la Eurozona (7,71), como a la Unión Europea (8,21) como al conjunto de la OCDE (8,17), aunque la diferencia no es excesiva, es decir, comprar o alquilar una vivienda cuesta mucho en la mayoría de los países, aunque también es cierto que hay países (el análisis en el libro citado se ha hecho con 43 países) como Dinamarca, Alemania, Austria, Bélgica o Irlanda donde el esfuerzo es notoriamente inferior, debido a sus políticas de vivienda.
El caso de Estados Unidos es diferente, puesto que tiene un índice bajo (6,20), pero también es cierto que allí muchas casas las hacen de madera, que son más baratas y eso también influye en el coste general de la vivienda con relación al salario medio. Luego puede que se las lleven los tornados, pero en el día a día el esfuerzo es menor; otra cosa es que después de destruidas vuelvan a construirlas, también de madera, hasta el siguiente tornado.
En lo que respecta al índice de esfuerzo respecto de la vivienda social, la cosa es bastante peor para España (11,47) respecto a la media de la Eurozona (19,78), como a la Unión Europea (21,83) como al conjunto de la OCDE (29,57), lo cual ya se preveía. Merece la pena destacar el índice de Holanda (76,54) por su decidida apuesta por la vivienda social desde hace muchos años.
El problema de España es que sí, ha incrementado mucho el SMI, hasta llegar al 55% del salario medio, ocho puntos por encima de la Unión Europea y 18 puntos por encima de la OCDE. Pero, sin embargo, lleva 15 años sin apenas construir viviendas para su alquiler social y eso hace que el índice de esfuerzo sea tan bajo, amén de que se generan problemas sociales cuando se producen desahucios en familias vulnerables o se producen situaciones de ocupación ilegal de viviendas. Probablemente este sea de unos desafíos más importantes de la economía española en materia de bienestar social para los años siguientes.
Si desde la izquierda radical se apela tanto a la Carta Social Europea para tratar de subir continuamente el salario mínimo interprofesional, ¿por qué se ignora sistemáticamente el artículo relativo al derecho a una vivienda digna?, o ¿por qué, a las que se les llena la boca de feminismo, no promueven una enmienda a la Constitución que elimine de una vez la ley sálica que impide que una mujer sea Jefe del Estado si tiene un hermano varón más joven que ella? Estas incoherencias de la izquierda radical son la que restan mucha credibilidad a sus propuestas, amén de que, hasta la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, acaba de reconocer lo defraudada que se sentía al ver cómo activistas se convertían en ministras y hacían lo que han hecho y dicho.
Los datos sobre los índices de esfuerzo antes indicados se refieren al año 2023, último en el que hay estadísticas más o menos homogéneas. Todo hace indicar que en el año 2024 la situación empeoró y en el año 2025 los datos adelantados nos confirman que todo sigue igual o peor.
Evidentemente, seguimos con los activistas en el Gobierno y parece que eso de impulsar un modelo de desarrollo del mercado residencial para cubrir el problema de oferta que tenemos no despega. Todo se pierde en burocracias y, por qué no decirlo, en la ausencia de experiencia de gestión de muchos de los miembros del gobierno y de sus ayudantes (amigos, familiares y gente de carnet) .
Si la gestión de Rajoy fue mala en el tema de vivienda, creando ese foco de pérdidas que se llama Sareb, amén de no fomentar la construcción de vivienda social, la de Sánchez está siendo peor, porque sencillamente no hecho nada, aparte de prometer viviendas en campaña electoral y luego olvidarse de ello, y sobre todo porque no hay que prever las viviendas que se necesitan ahora, sino las que se van a precisar dentro de cinco años, debido a los períodos de demora de la construcción, y teniendo en cuenta que cada año suelen entrar en España unos 150.000 nuevos inmigrantes.
En fin, estamos ante una tormenta perfecta en materia de vivienda y me parece que no estamos en las mejores manos. Ya hay asociaciones que llaman a la insumisión generalizada en el pago de alquileres; y si esto sigue así, pueden producirse conflictos sociales que nadie desea. A lo mejor, si el Sr. Sánchez asumiera que tiene que crear una empresa mixta público-privada, con participación de las Comunidades Autónomas, y con personal cualificado y capacidad gerencial en vez de sus activistas e ideólogos, se podría poner solución a este grave problema.
Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.
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