José Ramón Zurdo

La tácita reconducción es un mecanismo del Código Civil que permite que un contrato de alquiler continúe automáticamente, sin necesidad de firmar uno nuevo, cuando el inquilino permanece en la vivienda con el consentimiento del arrendador tras finalizar todas las prórrogas. Según explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), a diferencia de los arrendamientos sujetos a la LAU, este régimen ofrece al propietario mayor control sobre la duración -con renovaciones más cortas- y le permite 'escapar' de medidas regulatorias como la prórroga obligatoria de los contratos, aunque limita la posibilidad de subir la renta y puede implicar la pérdida de garantías. Para el inquilino, supone mantener el precio del alquiler, pero a costa de una menor estabilidad.

Responder a la pregunta aparentemente sencilla de cuánto puede durar un contrato de arrendamiento de vivienda se ha convertido en un auténtico ejercicio de ingeniería jurídica. La respuesta ya no es simple, ni lineal, ni intuitiva. La normativa actual, especialmente tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido tal cantidad de variables que determinar la duración real de un alquiler exige analizar previamente múltiples factores, como si el arrendador es persona física o jurídica, o si la vivienda está en zona tensionada. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, explica toda la casuística legal.

La autogestión de los alquileres por parte de los arrendadores particulares suelen derivar en problemas como incumplimientos contractuales, cláusulas abusivas o, en casos extremos, desahucios que podrían haberse evitado. Según José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), la gestión profesional protege y da seguridad tanto a propietarios como a inquilinos y reduce el riesgo de litigios.

Un análisis elaborado por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) a partir de los datos oficiales del Colegio de Registradores, el INE, el MITMA y el Consejo General del Notariado sobre las compraventas de vivienda en España confirma que la participación de los fondos de inversión en el mercado de vivienda tradicional es marginal. En concreto, la inversión atribuible a fondos representó, de media, únicamente el 1,86% del volumen total de vivienda transaccionado entre 2019 y 2024. Por tanto, las familias, los pequeños propietarios y los compradores domésticos han sido los protagonistas casi absolutos del mercado en el último lustro.

Este año se está generalizando en muchas ciudades la implantación de una tasa específica por la recogida y gestión de residuos urbanos. La tasa de basuras se devenga el 1 de enero de cada año y establece como sujeto pasivo a quien se beneficia de ese servicio. Por tanto, y salvo pacto en contrario, lo lógico es que si el contrato de alquiler se firmó antes de dicha fecha el pago lo asuma el inquilino y, si es posterior, el propietario. No obstante, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, recomienda incluir una cláusula expresa en los contratos de arrendamiento que determine quién asume este tributo.

En un momento de creciente incertidumbre y tensión entre arrendadores y arrendatarios, el mercado del alquiler en España atraviesa una etapa especialmente compleja. La coexistencia de hasta ocho legislaciones distintas en vigor -en función de la fecha de firma de cada contrato- ha generado un escenario confuso que pone sobre la mesa la necesidad de profesionalizar el sector. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), "solo mediante una gestión cualificada, ética y regulada se podrá garantizar la estabilidad de un sector que hoy se debate entre la inseguridad jurídica y la desconfianza generalizada".

El abogado José Ramón Zurdo considera que sí es posible luchar contra la okupación de viviendas, pero con medidas mucho más efectivas que las adoptadas hasta el momento, que se han centrado en agilizar los procedimientos judiciales. Sin embargo, estas reformas han obviado una cuestión fundamental: ¿y si la vía judicial no fuera la más adecuada para abordar este complejo problema? El experto apuesta por permitir a las fuerzas del orden actuar de manera inmediata, sin necesidad de autorización judicial previa, como ocurre hoy en día.

Desde comienzos de este año se está notando un notable incremento de los procedimientos judiciales de desahucio por expiración del plazo contractual. Este fenómeno afecta principalmente a los arrendamientos de vivienda que han alcanzado su duración máxima legal: cinco u ocho años cuando el arrendador es persona física, y siete o diez años si se trata de una persona jurídica, según si se encuentran en prórroga obligatoria o tácita. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), recuerda que una parte significativa de estos incumplimientos contractuales no responde a situaciones de impago previas, sino a la imposibilidad de los inquilinos de encontrar alternativas habitacionales con rentas similares a las que venían abonando.

Se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, una norma nacida con la ambición de garantizar el acceso a un hogar digno a los más vulnerables. Sin embargo, el balance tras este tiempo que hace José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler es si no hemos invertido los términos de la ecuación: en el intento de proteger al inquilino, ¿hemos acabado castigando al arrendador? Peor aún, ¿no será que ni siquiera hemos protegido al primero? Porque uno de los efectos más llamativos y preocupantes de esta ley ha sido la drástica reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) explica en este artículo cuáles son las diferencias entre estas tres formas de okupar una vivienda. El allanamiento de morada, la usurpación o la inquiokupación hacen referencia a ilícitos penales y no civiles. El allanamiento sí implica penas de cárcel, mientras que la usurpación no, el delito es pagar una simple multa económica. En cuanto a la inquiokupación, en esta forma de okupar, a diferencia de las otras, sí existen títulos habilitantes que aparentan legitimar las ocupaciones, como son los contratos de arrendamiento.

La Ley de Vivienda ya ha cumplido un año desde que entró en vigor y expertos como José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) lamentan sus consecuencias negativas: subidas del precio de los alquileres, aumento de alquileres turísticos o de habitaciones no consentidos, oproliferación de las 'inquiokupaciones'. En su opinión, una vía rápida para aumentar la oferta de pisos en alquiler pasa por recuperar la deducción en el IRPF por la compra de una primera vivienda y también de una segunda residencia si ésta se destina al alquiler.

Tras poner como a los alquiles tradicionales a través de la Ley de Vivienda, el Gobierno prepara ahora la regulación de otras fórmulas como el arrendamiento de temporada, al que muchos propietarios están destinando sus inmuebles. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), estas nuevas intervenciones pueden "crear más tensión y que propietarios e inversores dejen de confiar en el mercado del arrendamiento", haciendo que el alquiler sea todavía "más inaccesible y elitista". Y alerta de que seguirán reduciendo el stock de pisos y presionando al alza las rentas.

Mientras no haya más seguridad jurídica e incentivos fiscales para que los arrendadores saquen más viviendas al alquiler, el problema del alquiler tradicional no se arreglará, la oferta tenderá a seguir disminuyendo y los precios seguirán al alza. Así lo afirma José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler. En su opinión, la seguridad jurídica corta el fenómeno de la okupación. Además, considera que debe ser el Estado el que ofrezca vivienda pública para los más necesitados, no los arrendadores particulares.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerda que actualmente la oferta de viviendas, sobre todo en alquiler, viene reduciéndose porque a los propietarios no les compensa el alquiler, debido a los riesgos e inseguridad jurídica que hay actualmente. Por ello, considera muy interesante potenciar otra vez la compra de viviendas, tanto para vivir en ellas, como para su posterior inversión vía arrendamiento. Así, la oferta de alquiler también aumentaría y los precios se relajarían.

La Ley por el derecho a la vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, limita de forma considerable los derechos de todos los arrendadores de viviendas, pero especialmente, los de los grandes tenedores de viviendas, entre los que están incluidos la mayoría de los promotores y constructores de este país, según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Las razones que están detrás son las cesiones obligatorias para viviendas protegidas o las limitaciones, incertidumbre e inseguridad de esta ley que provocan una reducción de la oferta de alquiler. 

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), señala una foto preocupante sobre la vivienda en España: 3,83 millones de viviendas vacías, frente a un mercado del alquiler muy tensionado, donde cada vez hay menos oferta. En su opinión, gran parte de estas viviendas vacías lo están, por miedo a alquilar. "El próximo Gobierno tiene la misión de solucionar este grave problema y nosotros proponemos que la garantía del Estado sea la llave para abrir las viviendas vacías al alquiler", sentencia.

La Ley de Vivienda que ha entrado hace unos días en vigor trae varios cambios de calado y uno de ellos versa sobre los gastos que las agencias no pueden repercutir a los inquilinos. La normativa impide que las inmobiliarias 'deriven' los gastos de gestión y formalización de los contratos, aunque José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, asegura que sí se pueden repercutir gastos si se trata de una vivienda no sujeta a la LAU, en cesiones o en alquileres de temporada. También interpreta que deben abonarse los gastos relacionados con servicios adicionales durante la duración del arrendamiento.

José Ramón Zurdo, director general de ANA, asegura que muchos propietarios, al ver que están perdiendo poder adquisitivo con sus arrendamientos, están utilizando distintas argucias, de carácter ilegal, para poder saltarte las medidas intervencionistas del Gobierno, en relación al tope del 2% en la actualización de las rentas. En su opinión, no es necesario, y por supuesto, nada recomendable saltarse la ley. Y sobre todo cuando existen en nuestra legislación medios y vacíos legales para sortear el tope del 2% en el alquiler y además recortar la duración de los arrendamientos: es la figura legal de la tácita reconducción.

El límite del 2% de las rentas en las renovaciones de los contratos del alquiler está provocando una reducción de la oferta de viviendas en arrendamiento, ya que muchos propietarios prefieren no alquilar o vender directamente los inmuebles, lo que está impulsando los precios. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, la presión sobre el mercado se mantendrá en 2023 debido a las medidas intervencionistas que está tomando el Gobierno.

El acceso al alquiler se está haciendo casi imposible en muchas partes de España y la mala planificación política del mercado de la vivienda no ayuda a solucionar el problema. Según explica José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, las medidas intervencionistas que del Gobierno están reduciendo la oferta de pisos y están provocando que los propietarios pidan más garantías a los potenciales inquilinos. En su opinión, la clave está en dar subvenciones directas e incentivos fiscales a los arrendadores.

En una Ley de arrendamientos urbanos (LAU) extremadamente garantista para los arrendatarios como la vigente, existe todavía un pequeño reducto de tres artículos que defienden los derechos de los arrendadores. Estos son los artículos 9.3, 21.4 y 13.2 de la LAU. Se trata de artículos que regulan la duración de los alquileres y las obligaciones de los inquilinos en materia de deficiencias. Por ejemplo, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, recuerda que las pequeñas reparaciones, de ambigua redacción, son de los inquilinos.

Los Presupuestos Generales de 2022 incluyen una medida con mucho impacto para las sociedades dedicadas al alquiler de viviendas, cuyo fin es potenciar la oferta de pisos destinados al arrendamiento gracias a una fiscalidad atractiva. Desde enero se ha reducido drásticamente su bonificación en la cuota del Impuesto de Sociedades, que ha pasado del 85% al 40%. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, alerta de que estos cambios podrían derivar en un freno de nuevas inversiones y en un aumento de las rentas.

Cuando presenciamos que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprueban leyes en materia de vivienda, que son contrarias y rechazadas por el poder judicial: C.G.P.J y Tribunal Constitucional, es preciso preguntarse si nuestros gobernantes están legislando con verdadera responsabilidad o por el contrario aprueban leyes, para contentar a su electorado y a sus socios de Gobierno y esto, lo segundo, es muy grave. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), analiza la situación actual.

Las medidas que se han tomado en los últimos tiempos están enfocadas al alquiler y a atajar el problema de la vivienda desde el lado de la demanda, en un intento por ayudar los inquilinos. Sin embargo, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) defiende la necesidad de potenciar de nuevo la compra de viviendas, con el fin de lograr un equilibrio entre propietarios e inquilinos y aumentar la oferta de inmuebles disponibles para arrendar.

Muchos propietarios particulares deciden alquilar su vivienda por su cuenta, lo que en muchos casos provoca una alta conflictividad y la aparición de cláusulas abusivas o ilegales en los contratos e impagos. Para evitar este tipo de situaciones, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, defiende la necesidad de profesionalizar la gestión de los alquileres por su trascendencia económica y legal, y recuerda que da seguridad al arrendador y estabilidad al arrendatario.