José María Salcedo

Imagina que llevas años pagando religiosamente la hipoteca de tu vivienda habitual y, de pronto, un imprevisto te deja sin capacidad para seguir haciendo frente a las cuotas. El banco inicia la ejecución hipotecaria, se fija fecha de subasta y tu casa empieza a tener, literalmente, fecha de caducidad. Encuentras un comprador a tiempo, vendes el inmueble y con ese dinero cancelas la deuda justo antes de perderlo todo. Has evitado el desahucio, pero Hacienda te reclama que tributes por una ganancia patrimonial por esa venta. Sin embargo, un Tribunal lo reconoce como una dación en pago y, por tanto, puede evitar tributar en el IRPF, tal y como señala el abogado José María Salcedo.

El “doble tiro”, es decir, el odioso derecho de Hacienda a volver a notificar una nueva liquidación al contribuyente una vez que la primera liquidación ya fue anulada por los Tribunales, está más en entredicho que nunca. Por ello, si le ganaste a Hacienda y has vuelto a recibir de nuevo la misma liquidación, este artículo te interesa. El Tribunal Supremo pone por fin límites claros a Hacienda, tal y como declara el abogado fiscalista José María Salcedo. Por ejemplo, la nueva liquidación no puede empeorar la situación inicial del contribuyente y sólo cabe una segunda liquidación. Ya hay tribunales que "urgen suprimir el doble tiro".

Buenas noticias para los contribuyentes que, al ser ingresados en una residencia de ancianos, tardaron más de dos años en vender su vivienda habitual y no pudieron disfrutar de la exención de la ganancia patrimonial en el IRPF por la venta de la vivienda. El Supremo ha dicho no al intento de la Administración de que se fijara doctrina en el sentido de que el traslado a una residencia no constituye una causa justificada para vender la vivienda pasados los dos años previstos en el Reglamento del IRPF. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que lo importante de esta sentencia es que el plazo de dos años para vender la vivienda puede incumplirse si existe causa justificada y, así disfrutar igualmente de la exención.

El valor de referencia de Catastro, tras haber sido declarado constitucional el pasado mes de febrero, ha venido para quedarse. Y nos guste o no, es la forma de determinar la base imponible de impuestos tan importantes en el ámbito inmobiliario como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones y Donaciones (ISyD). José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que cuando el valor resulte excesivo y desproporcionado, el contribuyente podrá atacarlo con un informe pericial hecho por un arquitecto. Ahora el Supremo tiene sobre la mesa decidir qué prueba hay que aportar en dicho informe pericial para hacer frente al valor de referencia.

Muchos padres aceptan en notaría donaciones de inmuebles en nombre de sus hijos menores sin imaginar que esa simple intervención puede acabar convirtiéndoles en responsables de las deudas tributarias del otro progenitor. Y es que Hacienda lleva años utilizando la declaración de responsabilidad de la Ley General Tributaria para dirigirse contra quienes considera causantes o colaboradores en la ocultación de bienes. Sin embargo, el Supremo acaba de aceptar a trámite un auto que pone en duda la exigencia de responsabilidad a los padres.

Cuando un contribuyente le gana a Hacienda en los Tribunales, ésta queda obligado a devolver al contribuyente todo lo pagado junto con los intereses de demora computados desde que el contribuyente ingresó la deuda. Según declaró el Tribunal Supremo en 12-1-2023, esos intereses tributan en el IRPF, y además a escala. Sin embargo, esta situación podría cambiar drásticamente en los próximos meses. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que el alto tribunal vuelve a tener sobre la mesa aclarar si el contribuyente que ha ganado a Hacienda en los tribunales debe pagar o no el impuesto de la renta por los intereses de demora abonados.

En el marco de una Inspección de Hacienda, y antes de que el contribuyente conozca su inicio formal, es habitual que la Inspección trate de entrar en el domicilio del contribuyente (persona física o empresa) para recabar la información que considere necesaria para regularizar su situación tributaria. Sin embargo, no todo vale para entrar en el domicilio del contribuyente. El problema es que la entrada supone una intromisión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Y, por tanto, la regulación de dicha intromisión debieran estar regulados por Ley Orgánica, tal y como recuerda el abogado José María Salcedo. Ahora el Supremo analiza si es necesaria una Ley Orgánica para evitar estas actuaciones ilegales por parte del fisco.

El valor de referencia de Catastro sigue siendo fuente de innumerables litigios entre contribuyentes y Administración. El fiscalista José María Salcedo recuerda que se enfrenta a cinco recursos interpuestos por la Asociación Española de Asesores Fiscales ante la Audiencia Nacional sobre la forma en que se determina este valor y se aprueba cada año. Dicho proceso requiere de la aprobación de una Orden Ministerial anual, pero en la práctica la determinación del valor se basa en informes internos de Catastro sin naturaleza reglamentaria. La estimación de los recursos planteados supondría la nulidad del valor de referencia.

Cada vez son más los casos en los que contribuyentes que realizan una actividad empresarial ven cómo Hacienda les niega la deducción de todos los gastos de su actividad, como los del agua o la luz, en un determinado ejercicio por no haberlos aportado en su día, cuando se los requirió ante una comprobación tributaria. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que estamos ante supuestos en los que habrá que reaccionar con rapidez para no perder oportunidades de defensa ante el fisco. Por ejemplo, si al contribuyente le llega una propuesta de liquidación en la que Hacienda suprime de golpe todos los gastos, puede aportar aún la información requerida dentro del plazo para hacer alegaciones.

Hacienda no se detiene ante nada. Ni siquiera, ante la enfermedad grave del contribuyente, ni tampoco por el hecho de que éste se encuentre en riesgo de acabar falleciendo como consecuencia de dicha enfermedad. De hecho, esta enfermedad grave del contribuyente no constituye por sí misma causa de suspensión o paralización de las actuaciones de comprobación o inspección tributaria. Así lo manifiesta José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, que añade que ahora los Tribunales obligan a Hacienda a no saltarse el plazo de duración máxima de los procedimientos.

Son muchos los contribuyentes que no están de acuerdo con el valor de referencia que Catastro ha asignado a un inmueble de su propiedad, y que no están dispuestos a “pasar por el aro”, y pagar los impuestos por la adquisición del inmueble (ITP o ISyD) partiendo de un valor que consideran inflado. En esta situación, surge la duda sobre qué prueba técnica es más eficaz frente al valor de referencia. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que no todos los informes periciales que pueden aportar los contribuyentes son iguales, ni tendrán por tanto el mismo valor en Tribunales. De hecho, Hacienda rechazará todos. Sin embargo, los Tribunales exigen informes que hablen el lenguaje de Catastro y que centre en probar los errores cometidos en el proceso de determinación de dicho valor.

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir si las familias numerosas con el tercer hijo en gestación al comprar vivienda pueden aplicar el tipo reducido de ITP. Se trata de un asunto que ha recurrido la Comunidad de Madrid ya que se niega a aplicar el tipo reducido del 4% de ITP en aquellas familias con el tercer hijo en gestación y aún no nacido. Sin embargo, el Código Civil considera que el hijo concebido debe ser considerado como nacido para los efectos que le sean favorables, lo que permitiría la aplicación del tipo reducido. Si el alto tribunal resuelve a favor de los contribuyentes, se abre la puerta a devoluciones de ingresos indebidos y a aplicar tipos reducidos similares de otros impuestos y en otras CCAA.

No es raro que una persona o empresa sea titular de varias cuentas bancarias, y tenga alguna de ellas abandonada por falta de uso, sin haber procedido a su cancelación. Aparentemente, esto no debería suponer problema alguno. Salvo que en esa cuenta figure alguien como “autorizado” o “apoderado”, que sí que esté haciendo uso de esta cuenta… para evitar pagar a Hacienda. El abogado fiscalista José María Salcedo explica las claves de esta artimaña del contribuyente y de la persecución por parte del fisco.

Algo tan simple como donar un inmueble a un hijo se ha convertido en un auténtico deporte de riesgo en España. Y es que Hacienda, aunque no la veamos, siempre está agazapada controlando este tipo de operaciones… y lista para lanzarse al cuello del contribuyente en caso de que considere que dicha donación perjudica su derecho a cobrar una deuda tributaria. Con el fin de evitar que Hacienda inicie un procedimiento de declaración de responsabilidad, antes de realizar una donación a un hijo conviene siempre extremar todas las cautelas… y que los que intervienen en la donación se hagan las siguientes preguntas.

El Impuesto sobre el Patrimonio podría ser inconstitucional. En concreto, se plantea si la modificación operada por el artículo 66 de la Ley 11/2020 en la normativa de dicho impuesto, supone la vulneración de los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad. Se trata de una cuestión que ya está sobre la mesa del Tribunal Constitucional, pero que a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sido resuelta. Y la decisión podría demorarse todavía muchos meses.

El fallecimiento de un contribuyente supone, obviamente, un antes y un después en su relación con la Administración Tributaria. Y es que a partir de dicho fallecimiento Hacienda no sólo no puede iniciarle una comprobación tributaria, o un procedimiento sancionador, sino que tampoco puede exigirle el pago de deudas ya liquidadas o de sanciones ya impuestas. Hacienda tiene que dirigirse contra los herederos de este contribuyente. Pero ¿qué pasa si no lo hace, y continúa notificando al fallecido como si nada? Si se ha acreditado por cualquier medio de prueba que la Administración ha tenido conocimiento de tal fallecimiento, puede considerarse nulo el procedimiento de recaudación seguido contra el fallecido desde que tuvo lugar tal conocimiento, tal y como señala el abogado José María Salcedo.

Hasta ahora, los contribuyentes que recibían una nómina o prestación inferior al salario mínimo, o que ya había sido previamente embargada por el pagador, no podían tenerlas todas consigo ni asegurar que no iban a recibir un embargo de Hacienda. Y es que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), máximo intérprete de Hacienda, venía considerando que es posible embargar dichos ingresos, una vez se hubieran convertido en “ahorro” del contribuyente. Sin embargo, este mismo organismo reconoce su error y considera que la parte inembargable del sueldo es necesaria para atender necesidades básicas personas y familiares del deudor.

La normativa tributaria cada vez es más rígida y restrictiva. Según José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, esto aboca a los contribuyentes a recurrir a los tribunales o a perder el beneficio fiscal previsto. Y pone como ejemplo la enorme litigiosidad que se genera en el caso de vender la vivienda habitual antes de haberla habitado durante, al menos, tres años. Ootro frente de batalla son los consumos de la vivienda: Hacienda está negando la condición de habitual en una vivienda por considerar que los consumos eléctricos son incompatibles con el uso de la casa.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la limitación de pagos en efectivo para empresarios y profesionales, estandarte político de la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales desde el año 2012. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que están prohibidos desde 2012 los pagos en efectivo por importe igual o superior a los 1.000 euros y los infractores serán tanto los que pagan como los que reciben la cantidad. En opinión de Salcedo, quienes han impuesto a la ciudadanía dichos límites y sanciones, endureciéndolos incluso a partir del año 2021, son los primeros que los han transgredido: los políticos.

Con motivo del divorcio, corresponde repartir el patrimonio común y adjudicar a cada cónyuge lo suyo. Sin embargo, a veces se llega al acuerdo de que uno de los cónyuges reciba más bienes de los que le corresponden, sin tener además que compensar en metálico al otro. ¿Estamos ante una donación, ante un «regalo» del cónyuge que recibe menos bienes en favor del otro, o ante un acuerdo entre cónyuges? José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid promete reabrir el debate.

José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, pone sobre la mesa una práctica de abuso de poder cada vez más común por parte de la Administración tributaria: volver a liquidar y sancionar cuando los Tribunales han anulado previamente dicha liquidación o sanción dictada en su día. Para el experto es una nueva estrategia de presión y asfixia fiscal hacia los contribuyentes, a los que se les sigue hostigando incluso cuando han logrado vencer a Hacienda en los Tribunales.

El abogado José María Salcedo destaca la naturaleza cambiante del procedimiento tributario, donde la jurisprudencia y resoluciones administrativas pueden alterar las estrategias de defensa a lo largo del proceso. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha validado el método de “tasación hipotecaria” para determinar el valor de inmuebles, afectando negativamente a los recursos interpuestos por contribuyentes. Sin embargo, existen casos recientes donde los tribunales han anulado comprobaciones de valores al considerar que la tasación hipotecaria no es prueba suficiente. Además, un Auto del Tribunal Supremo de junio de 2025 podría abrir nuevas oportunidades para los contribuyentes al cuestionar la validez de la tasación sin un informe técnico.

Cada vez son más los supuestos en los que Hacienda corrige el valor otorgado a las participaciones sociales de una entidad no cotizada con motivo de su transmisión. Ello, en el ámbito del IRPF y por considerar que el valor asignado a tales participaciones no se corresponde con el de mercado, ni con el que se pactaría entre partes independientes. En estos casos, es habitual que los intervinientes en la operación hayan valorado la situación patrimonial real de la empresa, por ejemplo, teniendo en cuenta la pérdida de valor de sus activos inmobiliarios, o previendo la evolución negativa del sector. Pero Hacienda valora en muchos casos por encima. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala cómo determinar el valor real de una empresa.

El valor de referencia empieza a sufrir en los Tribunales sus primeros reveses. Así, no sólo existe un goteo de resoluciones judiciales estimatorias a favor de los contribuyentes, sino que incluso el Tribunal de Justicia de Andalucía ha planteado ya la posible inconstitucionalidad del impuesto, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. Por el momento, y a expensas de lo que ocurra con la referida cuestión de inconstitucionalidad, lo cierto es que la prueba que los contribuyentes pueden aportar frente al valor de referencia es clave para lograr su corrección total o parcial, con el consiguiente ahorro fiscal en el ITP o en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha considerado que en caso de ruptura de la pareja de hecho es perfectamente aplicable la deducción por inversión en vivienda, tal y como disfrutan los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial. José María Salcedo, socio del despacho Salcedo Tax Litigation, señala que se abre la puerta a que la justicie también termine permitiendo la aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual en caso de ruptura de la pareja de hecho cuando uno de ellos permanece en la vivienda con hijos comunes.