
El Ayuntamiento de Santiago ultima la petición de declaración de mercado residencial tensionado, que presentará a la Xunta de Galicia junto a un plan de medidas correctoras, con dos líneas principales de actuación: optimizar el parque residencial y aumentar la vivienda protegida.
El concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, ha presentado este 9 de mayo en rueda de prensa estas medidas, que llevará a la segunda reunión de la mesa sectorial el 22 de mayo para, después, realizar los últimos cambios sobre ellas. A continuación, la solicitud debe ser aprobada por la junta de gobierno local.
Una vez sea remitida oficialmente a la Xunta de Galicia, la administración autonómica tendrá seis meses para resolverla.
En cuanto a la optimización del actual parque residencial, el Ayuntamiento pretende seguir actuando sobre las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y promoverá una colaboración entre Xunta y municipio para movilizar la vivienda vacía, entre otras medidas.
Al respecto del aumento de la vivienda protegida, el plan contempla la construcción y rehabilitación de pisos municipales e incorporación de vivienda de esta categoría en el centro urbano. Además, la declaración de zona tensionada permitirá a la localidad acceder a fondos estatales, según contempla la legislación.
Actualmente, en idealista hay cerca de 240 pisos de alquiler disponibles en Santiago de Compostela, con una renta media de 11,35 euros/m2/mes.
Crece la lista de mercados tensionados
En las últimas semanas se ha ampliado la lista de municipios que han sido declarados oficialmente zona de mercado tensionado en vivienda. El pasado 30 de abril, el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió la resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana sobre la incorporación a todos los efectos de cuatro municipios vascos: Lasarte-Oria, Zumaya, Irún y Baracaldo.
Los tres municipios guipuzcoanos y el vizcaíno de Baracaldo se suman a Rentería, que fue el primer municipio vasco en ser declarado como zona tensionada en vivienda a principios de este año, y a los 271 municipios de Cataluña declarados en 2024.
San Sebastián también está en trámites de convertirse en mercado tensionado, mientras que se espera que Bilbao y Vitoria lo soliciten próximamente, al igual que otros municipios de menor tamaño, como Galdácano (Vizcaya). Navarra también ha iniciado el proceso para declarar otros 21 municipios de la Comunidad Foral como zonas de mercado residencial tensionado.
Qué implica la declaración zona tensionada
Desde el Ministerio de Vivienda recuerdan que la declaración de zonas de mercado residencial tensionado permite aplicar medidas de contención de precios y otros incentivos dirigidos a garantizar el acceso a una vivienda "digna y asequible".
En concreto, la declaración de una población como zona de mercado residencial tensionado implica que los precios de los alquileres estarán sujetos a una serie de restricciones:
- En nuevos contratos a nuevos inquilinos de pequeños propietarios, el precio se limitará a la renta del contrato anterior (subida el porcentaje que marque el índice de precios que publique el INE).
- Si la vivienda en alquiler pertenece a un gran tenedor, el preció tendrá que establecerse a partir del Índice de Referencia de Precios que publica el MIVAU. Lo mismo ocurre si la vivienda no se alquila desde hace cinco años, nunca se ha arrendado o estaba vacía, fuera de un gran tenedor o pequeño propietario.
- Posibilidad de una prórroga extraordinaria para los inquilinos que tengan contrato en vigor tras la finalización del mismo por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
- Se considera gran tenedor a aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial, frente a los 10 inmuebles del resto de zonas.
- Se otorgarán también incentivos fiscales para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas. Existen bonificaciones en el IRPF de entre el 50 y el 90%.
- Para los contratos en vigor en zonas tensionadas, la actualización anual de los contratos seguirá lo que marca la Ley de Vivienda para todo el territorio nacional. Los contratos firmados tras esta ley (mayo 2023) renovarán en base al nuevo Índice IRAV que publica el INE. Para los contratos firmados antes de esta ley, de forma general se actualizará la renta según la inflación (IPC).
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