La Generalitat de Cataluña ha anunciado una nueva estrategia para abordar la crisis habitacional mediante políticas ambiciosas de construcción de vivienda pública a corto, medio y largo plazo. Este enfoque incluye un llamamiento a la colaboración activa entre instituciones, el tejido económico y los municipios. La consellera de Territorio, Silvia Paneque, ha destacado que “queremos abordar políticas ambiciosas y construir vivienda a corto, medio y largo plazo, y para hacerlo es imprescindible la colaboración de todos: tejido económico, instituciones y mundo municipal”.
Según Paneque, este modelo colaborativo es clave para garantizar soluciones habitacionales sostenibles y accesibles en una región donde la demanda de vivienda protegida supera con creces la oferta disponible.
Entre las iniciativas presentadas se encuentra la creación de un fondo de vivienda pública que permita acelerar la construcción y rehabilitación de inmuebles destinados al alquiler social. Este fondo contará con una inversión inicial significativa y priorizará la colaboración público-privada para agilizar los plazos de ejecución. Además, se reforzará la cooperación con los ayuntamientos para identificar terrenos adecuados y diseñar proyectos adaptados a las necesidades locales.
El plan también incluye medidas dirigidas a fomentar la participación del sector privado, como incentivos fiscales y facilidades administrativas para aquellos que contribuyan a la promoción de viviendas de protección oficial. Por otro lado, la Generalitat ha reiterado su compromiso con la sostenibilidad, asegurando que las nuevas edificaciones cumplirán con estándares ambientales avanzados.
Con estas políticas, Cataluña pretende liderar un cambio estructural en la gestión de la vivienda pública, priorizando no solo la construcción, sino también la creación de un sistema equitativo y de largo alcance. La consellera Paneque ha insistido en que este esfuerzo conjunto será fundamental para hacer frente al desafío habitacional en la región: “Solo con la implicación de todos los actores podremos garantizar el acceso a la vivienda como un derecho básico y universal”.
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