Ayuso compensará el impuesto a grandes fortunas con incentivos fiscales

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que compensará el impacto de la prórroga del impuesto a las grandes fortunas, convalidado la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Y lo hará a través de incentivos fiscales para atraer inversión y fomentar la creación de empleo.

Así lo ha señalado en su intervención en Desayunos Madrid de la agencia Europa Press al ser preguntada por cómo actuará el Ejecutivo regional de cumplir el Gobierno nacional su voluntad de volver permanente este impuesto que Madrid recurrió al Tribunal Constitucional sin éxito.

"En Madrid aplicaremos medidas que puedan incentivar que los inversores sigan llegando. Ahora hay en todos los rincones del mundo un inversor que quiere llegar a Madrid", ha insistido la mandataria autonómica, quien ha insistido en tachar de "puro comunismo" este impuesto que cree que está hecho para "atacar a los patrimonios" de la región y se presentó como una "emboscada" con una enmienda a otra ley.

Además, ha advertido al Gobierno central que "ir contra Madrid es muy difícil" porque tendrá que "atentar contra muchas cosas". Ha reivindicado el modelo fiscal de la Comunidad, que ve "imprescindible" porque el capital se va "donde será mejor tratado", y ha cargado contra el Ejecutivo nacional por optar por "subir impuestos a Madrid" para "equilibrar" en vez de potenciar "lo que funciona" en el resto de autonomías.

Así, ha adelantado que entre los incentivos fiscales que aplicarán para compensar este impuesto habrá deducciones "especialmente" para aquellos que "vengan con familias" y que no solo llegue gente "pudiente", sino que tenga "capacidad de crear empresas y empleos" al tiempo que "crean raíces".

También ha recordado que quieren aplicar deducciones a los inversores en el IRPF para aquellos que se queden en Madrid durante, al menos, cinco años en busca de que "se establezcan de forma definitiva".

Aval al Impuesto a grandes fortunas

El bautizado como Impuesto de Solidaridad, más conocido como impuesto a las grandes fortunas, que entró en vigor a finales de 2022 ha sido refrendado por el Tribunal Constitucional. Se trata de un tributo muy peleado por algunas CCAA, como Madrid, Galicia o Andalucía, que consideraban que invadía competencias.

Este impuesto que afecta a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros, se devenga el 31 de diciembre de cada año y la presentación de la declaración se realiza entre el 1 y el 31 de julio. Se trata de un impuesto estatal que tiene, en principio, un carácter temporal, pues se ha diseñado para los ejercicios 2023 y 2024. No obstante, el Consejo General de Economistas (CGE) da por hecho que el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas "ha venido para quedarse", más allá de los dos ejercicios previstos, por lo que los grandes patrimonios, que hasta ahora no pagaban el Impuesto sobre el Patrimonio, tendrán que reorganizar sus inversiones para minimizar el coste fiscal, según el presidente del organismo, Valentín Pich. 

En varios recursos presentados contra este tributo, la respuesta del Tribunal Constitucional ha sido la misma: lo avala al considerar que dicho gravamen no vulnera las competencias autonómicas en materia fiscal ni resulta confiscatorio. El primer recurso desestimado fue el presentado por la Comunidad de Madrid. "La queja real de la Comunidad de Madrid es que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros (únicos que están sujetos al impuesto sobre grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio", indicaron.

El TC ya avanzó entonces que aplicaría esta misma doctrina a los demás recursos contra el impuesto a las grandes fortunas. Además de Madrid, Andalucía y Galicia, recurrió el Gobierno de la Región de Murcia. Tanto el Ejecutivo madrileño como el andaluz pidieron que se suspendiera cautelarmente la aplicación del tributo, pero el Constitucional lo denegó.

Los votos particulares de magistrados más conservadores denunciaban que este impuesto era un “ataque frontal a la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas” y, en consecuencia, ha “ventilado” la "vigencia misma del Estado democrático de Derecho".

Señalaban además que la forma de aprobación de la iniciativa legislativa que dio lugar a la Ley 38/2022 supone un claro menosprecio al principio democrático, a los derechos de representación política de las minorías y al principio de legalidad tributaria.