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El director general de Economía del supervisor financiero, David López Salido, ha confirmado durante la publicación de las nuevas proyecciones económicas que analizará la implicación que pueden tener los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno tanto sobre el alquiler como sobre la financiación pública y el gasto público. El Banco de España ha ratificado la previsión de que el déficit de viviendas alcance el millón de unidades en 2028 y ha alertado de que "la capacidad para producir nuevas viviendas ha sido menor de la esperada, en un contexto marcado por la escasez de mano de obra, el aumento de los costes de construcción y, especialmente, las dificultades en los desarrollos urbanísticos". Aun así, espera un aumento de la inversión en residencial de cara a 2027.

El crecimiento de la economía mundial moderará su ritmo de expansión al 2,6% en 2026, lo que implica una desaceleración de tres décimas en comparación con el 2,9% del año pasado y el más débil desde 2020, según las últimas previsiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que anticipa un crecimiento del 2,7% para 2027.

El 89% de las empresas españolas prevé subidas en el coste de las materias primas en los próximos 12 meses, situando además a España a la cabeza de Europa en preocupación por las fluctuaciones energéticas, según el estudio anual 'Raw Materials Study 2026' elaborado por la consultora Inverto, filial de Boston Consulting Group (BCG). No obstante, a pesar de la mayor concienciación global sobre la volatilidad actual, el 66% de las empresas sigue priorizando el precio frente a la seguridad de suministro.

El acuerdo para comprar un bloque de viviendas ocupado en Barcelona y evitar su desalojo ha provocado las críticas del PP. El presidente del grupo municipal popular, Daniel Sirera, acusa al Ayuntamiento y a la Generalitat de convertirse en una “inmobiliaria de okupas” tras anunciar un principio de acuerdo para adquirir el edificio de Llenguadoc 74, en el distrito de Sant Andreu. La operación permitió suspender el lanzamiento previsto para el 7 de octubre, que afectaba a 18 de las 20 viviendas del inmueble.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado subir el IBI un 150% a los titulares de cuatro o más licencias de pisos turísticos. El consistorio ha cifrado en 6.000 casos, un 60% del total de licencias, en los que se aplicará dicho incremento, y en 1.200, un 11% del total, los casos en los que se aplicará una subida del 100%, al disponer de dos a tres licencias de pisos turísticos. El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha sostenido que esta medida servirá para "endurecer y desincentivar" esta práctica en la ciudad hasta que entre en vigor la eliminación definitiva de licencias en 2028.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha actualizado su 'calculadora del alquiler', una herramienta informática diseñada para facilitar a los inquilinos el cálculo de la actualización de la renta de sus contratos. Tras la entrada en vigor este jueves de uno de los decretos de vivienda, que previsiblemente será convalidado por la Diputación Permanente del Congreso, el precio del alquiler quedará congelado o experimentará una subida máxima del 2%. La principal novedad de esta aplicación, accesible desde la página web corporativa, es la incorporación en sus cálculos de la limitación extraordinaria a la actualización anual de las rentas prevista en la nueva norma.

Ni recetas mágicas, ni decretos urgentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido por primera vez que el Gobierno "no tiene las herramientas necesarias" para resolver la crisis de vivienda a corto plazo. El dirigente socialista también ha reconocido que el Ejecutivo de coalición que lidera Pedro Sánchez no fue "lo suficientemente previsor" en esta materia durante la anterior legislatura, cuando gozaba de una mayoría más amplia en el Congreso. "La atención del Gobierno no estuvo ahí", ha zanjado. Puente culpa ahora al parlamento por no convalidar las medidas urgentes pese a que volverán a presentarlas en la Diputación Permanente.

Con un millón de euros se compraban en 2014, de media, 2,88 viviendas tipo en el mercado residencial prime de Madrid. Hoy se compran 1,12, lo que supone una caída del 61%. Así lo recoge el informe Mercado residencial prime de Madrid correspondiente al tercer trimestre de 2026 elaborado por la consultora inmobiliaria Diza. De las zonas analizadas, La Moraleja registra el índice de accesibilidad a la vivienda más bajo, con un importe medio de 2.401.906 euros por inmueble. Le siguen Recoletos y Castellana-Lista. Pozuelo de Alarcón, por su parte, cruza por primera vez el millón en su promedio municipal.

Un salón con techo a doble altura, presidido por una chimenea, da la bienvenida a esta preciosa casa indiana de 1950. La propiedad se encuentra en Gormaz, un municipio de la provincia de Soria ubicado a unas dos horas de Madrid, y está a la venta en idealista por 880.000 euros. La vivienda, que cuenta con 990 m2 construidos repartidos en tres plantas, ha sido remodelada recientemente, pero se han mantenido elementos como los suelos, las ventanas y los baños para conservar el espíritu de los años 50.

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado dos planes urbanísticos. El primero permitirá construir 18.400 viviendas protegidas de alquiler asequible de cara a 2028, ampliando el suelo disponible a parcelas de oficinas, dotacional privado y hospedaje, y aumentando un 20% la edificabilidad y un 30% la densidad en suelos de vivienda protegida. El segundo autoriza abrir hoteles, apartahoteles, pensiones y casas de huéspedes en suelos industriales para ampliar la oferta de hospedaje ante las restricciones turísticas en el centro de la capital.

El 'skyline' del distrito madrileño de Salamanca está a punto de cambiar. El distrito estrenará en los próximos años su primer gran rascacielos residencial de lujo, la Torre Castelló. Un edificio que se levantará sobre la antigua sede del Ministerio de Hacienda, ubicada entre las calles María de Molina, Castelló, General Oráa y Núñez de Balboa. La finca contará con 21 plantas y albergará un total de 158 viviendas de lujo con 5.000 metros de zonas comunes con piscinas, gimnasios y hasta un simulador de golf. Además, tendrá en su interior una residencia de estudiantes con 400 habitaciones repartidas entre sus dos primeras plantas.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha presentado los resultados de su Barómetro de Vivienda 2026 con una llamada de atención a las administraciones públicas para que cumplan con sus obligaciones. El 91,4% de los españoles considera que las distintas autoridades deberían construir más vivienda pública que en la actualidad, y hasta un 79% considera que debe priorizarse el derecho a la vivienda como un derecho constitucional. La medida que obtiene un mayor en toda la encuesta es la rebaja de impuestos en la compra de la primera vivienda, respaldada por el 95,4% de los españoles. Ocho de cada 10 ciudadanos no tiene previsto comprar casa en los próximos dos años.

Jaime Pérez Luque, director del Instituto ESCP de Finanzas y Gestión Inmobiliaria y único miembro español del Comité Asesor de Vivienda de la UE, ha defendido durante el V Congreso Nacional de Vivienda de APCE la ausencia de topes al alquiler y la creación de un fondo para movilizar vivienda asequible, pero se ha mostrado contrario a aplicar restricciones a los pisos turísticos y la compra de segundas residencias en zonas tensionadas, ya que pueden tener un impacto negativo y chocar con algunos principios de la UE, como el libre mercado. También ha apostado por movilizar el ahorro privado para impulsar la oferta residencial.

Economistas, analistas, notarios y registradores han reclamado durante el V Congreso Nacional de Vivienda organizado pro APCE la necesidad de que se desarrollen estadísticas oficiales sobre los alquileres para conocer cómo está el mercado, cómo se deben orientar las políticas públicas y si las medidas están teniendo el efecto deseado o el contrario. También han pedido dejar a un lado la ideología a la hora de regular los arrendamientos y han negado que los fondos y los extranjeros tengan un peso excesivo en el sector residencial.

La riqueza financiera neta de los hogares españoles e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (Isflsh) se situó en máximos de 2,8 billones de euros en el segundo trimestre de 2026, lo que supone un aumento del 12,8% en tasa interanual, según las cuentas financieras publicadas por el Banco de España, que reflejan una moderación de la deuda de las familias hasta el 41,9% del PIB, valor mínimo desde el tercer trimestre de 1999.

Crear un parque de vivienda social y asequible exige tiempo, pero la necesidad de los ciudadanos no puede esperar. Esa distancia entre los plazos de la promoción y la urgencia del problema ha marcado la intervención de Joan Ramón Riera Alemany, comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, durante la mesa redonda ‘La necesidad de crear un parque de vivienda social y asequible’, en el marco del V Congreso de Vivienda organizado por APCEspaña. “Somos más lentos de lo que la ciudadanía exige”, ha reconocido.

La inversión hotelera en España ha superado los 3.000 millones de euros acumulados en lo que va de año hasta el tercer trimestre de 2026 (YTD), impulsada tanto por el capital nacional como por el internacional, según la consultora especializada Christie & Co. En este periodo se han transaccionado más de 100 activos hoteleros, lo que supone un volumen superior a las 13.000 habitaciones, cuyo precio medio por habitación transaccionada en operaciones individuales se ha situado en 233.000 euros.

El decreto principal de vivienda, el que tiene más visos de ser convalidado en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, ha entrado en vigor este jueves, 8 de octubre, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma paraliza hasta el 31 de diciembre de 2030 los lanzamientos contra personas vulnerables cuando las partes demandantes sean fondos o entidades dedicadas a la compra masiva de créditos impagados o inmuebles por debajo del valor de mercado.

La entidad ha subido el tipo de interés de la hipoteca mixta que está comercializando, hasta situar el tramo fijo en el 2,70% durante los primeros cuatro años y hasta euríbor + 0,65% (3,81% TAE) a partir de entonces, siempre que el cliente abra una cuenta y tenga en vigor el seguro de hogar. Pibank permite financiar hasta el 90% del valor de la compraventa de la vivienda habitual, exige que el importe del préstamo sea de al menos 80.000 euros, no aplica comisiones y permite firmar el contrato a un plazo máximo de 35 años.

El Gobierno ha vuelto a publicar apenas una semana después de sacar el anterior decreto, que fue tumbado en la Cámara Baja, hace unos días, un amplio paquete en materia fiscal en el Real Decreto-ley de vivienda del 6 octubre, que incluye bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de un alquiler habitual. Pero, además, se aplican subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y pisos turísticos, la aplicación del IVA al negocio del alquiler turístico, o la modificación de las rentas inmobiliarias en el IRPF, junto a otras exenciones por rehabilitación o venta de viviendas a entes públicos y el cambio de régimen de las socimis.

Las disputas sobre a quién le corresponde arreglar un sofá, cambiar la bombilla, pintar las paredes o la devolución de la fianza enturbian la relación entre ambas partes. En la mayoría de los casos prima el sentido común, es decir, saber discernir el deterioro lógico por el paso del tiempo, que el propietario debe asumir, del daño provocado por un uso descuidado o negligente, que recae sobre el inquilino. Este debe, a su vez, notificar averías tan pronto como la detecte para evitar males mayores.

Representantes de Galicia, Cataluña y Canarias han reprochado al Gobierno la falta de recursos económicos disponibles en el Plan Estatal 2026-2030 para hacer frente a la crisis de vivienda, que contempla 7.000 millones de euros para dicho periodo, frente a los 8.000 millones anuales que serían necesarios para acercar la inversión en vivienda al promedio europeo. Desde la Xunta gallega ven complicado poder activar en lo que queda de año las ayudas con los fondos de 2026, debido al retraso del traspaso económico desde el Ejecutivo a las CCAA.

“Hemos llamado ‘buitre’ en este país a todo el mundo que tenga más de tres viviendas y especulador a todo aquel que tenga más de tres viviendas”. Con estas palabras, Helena Beunza, presidenta de ASVAL, cuestionó el trato que reciben los propietarios durante su intervención en la mesa “Los ciudadanos ante el acceso a la vivienda», celebrada en el marco del V Congreso Nacional de Vivienda, organizado por APCEspaña y APCE Cataluña. Beunza vinculó ese discurso con la salida de fondos de inversión y pidió un cambio en la manera de abordar el problema. “Hay que dejar de insultar a la gente”, afirmó. A su juicio, la demonización del sector dificulta la llegada del capital necesario para ampliar la oferta de vivienda y compromete el trabajo realizado para conseguir financiación estable.

El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, alerta de que en "demasiados casos" se compran edificios enteros con el objetivo de destinarlos a alquileres de corta duración, una práctica que, a su juicio, crea "hoteles en la sombra" en inmuebles que podrían utilizarse para paliar la falta de vivienda. El político danés reconoce que estos arrendamientos pueden resultar positivos cuando un propietario alquila durante unas semanas una habitación o su vivienda para obtener unos ingresos adicionales, pero los diferencia de situaciones en las que inmuebles completos se dedican únicamente a esta actividad.

Los dos decretos que el Gobierno ha publicado en el BOE contienen, en esencia, las mismas medidas que los que tumbó el Congreso el viernes pasado. La intención de Moncloa es llevarlos a la Diputación Permanente, donde esta vez espera contar con una mayoría favorable. Para evitar incurrir en un posible fraude de ley, han introducido modificaciones como la ampliación hasta 2030 de la prohibición a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión (categoría que ahora incluye a grandes tenedores) o una propuesta de alquiler indefinido aún más restrictiva con el derecho a la propiedad de los arrendadores.